Desde la década de los años noventa, Colombia se propuso potenciar las capacidades científicas y tecnológicas mediante el apoyo decidido a sus programas de doctorado (Daza y Villaveces, 1994). Ya lo había hecho antes formando colombianos –en su mayoría profesores universitarios- en universidades del extranjero y destinando recursos para mejorar la infraestructura de las instituciones que ofrecían maestrías, factores que dieron origen a los doctorados nacionales. Retomando esta experiencia y reconociendo la importancia estratégica que tenía para el país formar sus propios doctores, la educación doctoral se concibió como un mecanismo para fortalecer la comunidad científica nacional, pues ella exigía y requería de investigadores de alto nivel que estuvieran en capacidad de generar conocimiento relevante y pertinente para la sociedad. Pero los aportes de los doctorados nacionales no sólo fueron circunscritos a lo local. Ellos también eran -y aún lo son- un vehículo importante para integrar al país a la comunidad científica internacional. Mediante la vinculación de profesores provenientes de universidades del extranjero como profesores visitantes o jurados de tesis y la realización de pasantías por parte de nacionales en centros de investigación, los doctorados posibilitaban el intercambio de conocimiento con pares de otros países, situación que redundaba en el avance del conocimiento tanto nacional como global. Colombia proyectó el mejoramiento de sus doctorados a partir de la búsqueda e identificación de fuentes de financiación con el propósito de otorgar becas a los estudiantes para acceder y cursar un doctorado (matrícula, sostenimiento y realización de tesis), apoyar a los profesores para que realizaran intercambios con investigadores de centros de investigación del extranjero y mejorar la infraestructura de los programas (laboratorios, bibliotecas).