El Estado moderno demanda la conformación de un estrato de científicos y técnicos con funciones bien definidas dentro de una nueva forma de división del trabajo. Por una parte están los detentores reales del poder, por otra los administradores que ejercen el poder por delegación y, en fin, una comunidad científica que consolida los propósitos del Estado en el largo plazo. La tecnificación del administrador público resulta sumamente funcional para la consolidación del Estado y para la reproducción misma del capital. El Estado propicia la tecnificación de sus funcionarios por ventajosa para el ejercicio del poder. Pero va más allá. Aún el afianzamiento de una capa social que se interese en el desarrollo de la Ciencia y de la Técnica como tales sirve a los intereses del Estado. Incluso éste le puede permitir el ejercicio de disentir en cuanto ello proyecta una imagen de suficiencia y fuerza del Estado mismo. Contrasta esta tendencia con las vivencias históricas del Estado colombiano cuyo aparato institucional parece herencia de grupos cohesionados por vínculos de sangre o de padrinazgo, circunstancia que se ha constituido en rémora para la conformación de una tecnocracia propiamente tal. La debilidad del Estado lo ha llevado a encontrar un enemigo en su aliado potencial más seguro. Por ello ha sido muy rudimentario el desarrollo de las Ciencias Sociales en este medio y no se ha visto participación del científico social en las grandes decisiones nacionales. El científico social, y en forma especial el Antropólogo, ha tenido muy poca presencia en el desarrollo institucional del pais. Estas son algunas de las ideas centrales del ensayo que aquí se reproduce. El forma parte de un proyecto de Investigación financiado por Colciencias y cuyos resultados se están publicando en el libro titulado "Un siglo de Investigación Social. Antropologia en Colombia" con la edición de Jaime Arocha y Nina S. de Friedemann.